Con motivo del Día de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, reclama una mayor dotación de recursos para mejorar la atención a las personas en prisión con discapacidad intelectual y adicciones y garantizar sus procesos de recuperación y reinserción.
La organización pone el foco en la "doble condena" que afrontan estas personas y alerta de que entre el 60% y el 70% de las discapacidades intelectuales no se detectan antes del ingreso en prisión, según datos de recogidos por el Ministerio de Sanidad. En este contexto, el estudio de UNAD Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género señala que el 5% de la población encuestada, tanto hombres como mujeres, tiene reconocida alguna discapacidad intelectual, con un grado medio de discapacidad del 50%.
Desde UNAD consideran necesario mejorar la identificación de la discapacidad intelectual y las adicciones durante el proceso judicial, así como reforzar la especialización de los profesionales que intervienen en estas situaciones. La organización defiende que, cuando las circunstancias lo permitan, se prioricen las medidas alternativas a la prisión y los tratamientos comunitarios.
Una vez en prisión, el acceso a los tratamientos de deshabituación también presenta dificultades, según UNAD. Los programas ordinarios no siempre están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, mientras que la falta de recursos residenciales en la comunidad dificulta la continuidad de los procesos de recuperación tras su salida de prisión.
Esta falta de adaptación afecta también a la participación de estas personas en los programas de tratamiento, que en ocasiones cuentan con dinámicas grupales y contenidos que no responden a sus necesidades. Desde UNAD consideran necesario incorporar herramientas como la lectura fácil, los apoyos visuales y ritmos de intervención flexibles, con perspectiva de género, además de dotar a los centros penitenciarios de recursos específicos para garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas internas con discapacidad intelectual y adicciones.
En este sentido, desde UNAD reclaman la incorporación estable de personas facilitadoras judiciales en los centros penitenciarios, con financiación específica, para garantizar que estas personas puedan comprender la información que reciben, participar en los procedimientos y programas que les afectan y ejercer sus derechos en condiciones de accesibilidad.
Las dificultades se extienden también al acceso a permisos y salidas programadas. Según el informe 'A cada lado' de Plena inclusión, el 70% de las personas internas con discapacidad no realiza salidas programadas y alrededor del 55% nunca ha solicitado un permiso, entre otros motivos, por la falta de redes de apoyo. Por otro lado, apenas el 6% de las personas con discapacidad intelectual y adicciones accede al tercer grado o régimen abierto.
La falta de recursos residenciales específicos supone otra de las barreras para avanzar hacia el régimen abierto. En este sentido, UNAD reclama la creación y financiación de una red pública de pisos tutelados y viviendas supervisadas para personas con discapacidad intelectual y adicciones.
La organización destaca la labor de las personas profesionales de los centros penitenciarios y considera necesario acompañarla de recursos económicos específicos, directos y estables que permitan adaptar los programas de tratamiento y garantizar una atención adecuada a las necesidades de estas personas.
Las mujeres afrontan una "triple condena"
En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual y adicciones, las situaciones de vulnerabilidad pueden acumularse. Desde UNAD hablan de una "triple condena" derivada de su condición de mujer, su discapacidad y la adicción.
La organización considera necesario incorporar la perspectiva de género y la accesibilidad cognitiva en los programas de intervención y garantizar que estas mujeres puedan acceder a los apoyos y recursos que necesitan durante su estancia en prisión y tras su salida.
UNAD señala que la falta de recursos adaptados dentro y fuera de los centros penitenciarios dificulta la continuidad de los procesos de recuperación y puede aumentar las situaciones de exclusión y el riesgo de reincidencia.
Ante esta situación, UNAD defiende una respuesta sociosanitaria y de base comunitaria para las personas con discapacidad intelectual y adicciones, tanto durante su permanencia en prisión como en el proceso de salida y retorno a la comunidad.
La organización reclama reforzar la coordinación entre los ámbitos judicial, penitenciario, sanitario y social y garantizar los recursos necesarios para que la atención pueda adaptarse a las necesidades de cada persona.
Asimismo, UNAD defiende el impulso de las medidas alternativas a la prisión, activando de forma prioritaria las vías de suspensión de condena previstas en la legislación penal cuando sean adecuadas para cada caso.